Exigen Castigo por Violación en Guardería

Lic. Joel Sánchez Rodríguez

El ataque sexual del que fue víctima un niño de cuatro años de edad en el interior de una guardería de Pachuca, es un asunto mucho más grave de lo que parece y si la Procuraduría General de Justicia del Estado, en este caso aplica la ley como es su obligación y sin encubrir a nadie, seguramente habrá más de un culpable.

Pero no solo la procuraduría está obligada a actuar conforme a derecho, porque la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y el Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Hidalgo, deben intervenir para analizar de manera exhaustiva la forma en que opera el Centro de Desarrollo Infantil “Anhelo”, S. C., porque es una institución educativa con la clave oficial 13PDI0045P y recibe gran cantidad de recursos económicos por parte del IMSS por prestación de servicios como “guardería vecinal comunitaria”.

De acuerdo a información revelada por el titular de la Procuraduría General de Justicia, José Alberto Rodríguez Calderón, los padres del menor denunciaron penalmente los hechos y se dio inicio en la Dirección de Atención a Víctimas a la averiguación previa número 12/DAV/375/2008, que derivó en la detención de Roberto Ruiz Medina, vigilante de la institución y responsable “de la seguridad de la escuela y los alumnos”, quien fue consignado por el delito de violación ante el juzgado 3º de lo penal bajo el expediente 84/2008 a cargo del Juez Ciro Juárez González.

Se sabe que después de haber sido llevados al comedor para ingerir sus alimentos, cuando los niños se disponían a regresar a su salón, el menor se rezagó y ante el descuido de sus maestras, el vigilante aprovechó para cometer el ataque sexual, pese a lo cual la SEPH no ha divulgado la sanción que se aplicará al CENDI “Anhelo” que cuenta con filiales en otros municipios como Tulancingo, en tanto que el secretario Jorge Romero Romero, al ser entrevistado evidenció desconocer el asunto al señalar que el atacante era un maestro.

Lo relativo a la forma en que se generó el ataque no ha quedado claro, ya que otra versión indica que el menor no se rezagó, sino que se encontraba solo por haber sido castigado por las maestras, y en ese momento el vigilante incurrió en el ilícito aunque nadie ha explicado cómo es que se encontraba ahí, si por reglamento del IMSS el personal de vigilancia no puede estar al interior de las instalaciones y únicamente se permite a las docentes tener contacto con los niños.

Por otra parte, padres de familia de la institución denunciaron que a pesar de existir circuito cerrado en la escuela, los directivos se han negado a colaborar en las investigaciones con la procuraduría y a entregar el video, que también por reglamento debe existir.

Como explicación de la negativa, los paterfamilias argumentan que el presunto violador, “Don Beto” al parecer es familiar cercano de la directora de la guardería y preescolar “Anhelo” Ana Velia Álvarez Chavarría, negativa que de ser cierta representaría también una responsabilidad penal para quienes por voluntad propia pretendieron sin lograrlo, encubrir un hecho tan grave.

De acuerdo a información revelada por la madre del menor, el niño narró haber sido sujeto en diversas ocasiones de maltrato por parte del presunto violador, quien utilizaba lo mismo una lámpara que una navaja para lastimarlo, pero él no había dicho nada, solo que sus familiares detectaron cambios de carácter y de conducta del infante, su nula participación en las actividades de familia y una vez que les contó lo ocurrido, decidieron por su cuenta el investigar, acudir ante un médico legista y comprobar lo ocurrido.

Fue así que se descubrió la grave situación, respecto a la cual la madre del niño atacado, ha manifestado sus temores de que otros niños hayan sido víctimas del mismo sujeto.

Hay que destacar que en el Centro de Desarrollo Infantil “Anhelo” hubo en enero del 2006 una epidemia de Varicela que también se intentó ocultar y no hubo ninguna sanción por la Jefatura de Servicios Sociales y Económicas del IMSS cuando la encargada era Ana Berta Díaz González-Díaz, quien fue cesada luego de que se divulgaran algunas irregularidades graves en el pago de servicios de guardería durante su gestión y que en vez de ser consignada o sancionada por la contraloría, fue sustituida por Mireya Margarita Pérez Rodríguez.

Información no confirmada, señala que la guardería donde se cometió el ilícito, es propiedad de quien ostenta la vicepresidencia de la Asociación de Guarderías del Estado y por ello sus establecimientos en coordinación con el IMSS que es su principal cliente y proveedor de alumnos, tienen presencia en diversos municipios de la entidad donde “han establecido un monopolio”.

Por ello tanto la SEPH como la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de la ex-diputada federal panista Marisol Vargas Barcena –que cesó a la ex-responsable de guarderías-, están obligadas legal y moralmente a sancionar de manera ejemplar al Centro de Desarrollo Infantil “Anhelo” S. C. donde ha quedado probado que se pone en riesgo la integridad física y psicológica de los menores a los que dicen “cuidar” y además cobran por ello.

De manera sospechosa y con una actitud que huele a encubrimiento, el IMSS tampoco ha fijado una postura en torno a sí le retirará o no el contrato de servicios a la guardería “Anhelo”, como si lo hizo hace algunos meses con otra institución educativa pero para evadir el pago de una elevada cantidad de dinero y con la que enfrenta un proceso legal.

La Dirección de Atención a Víctimas y las autoridades de la Procuraduría General de Justicia, actuaron rápido y lo hicieron bien, la detención del acusado se hizo oportunamente y los agentes ministeriales evitaron que el presunto responsable de la violación de un niño de cuatro años huyera y que quedara impune, pero es evidente que no basta con la detención del sujeto ese, porque aun falta por precisar el grado de responsabilidad en el que incurrieron los directivos de “Anhelo” que estando enterados de la situación, aun consideran que pudiera ser inocente y ocultaron la información a los padres de familia.

El hecho de que el ataque no haya sido en un lote baldío sino en una institución educativa, en el interior y por parte de personal de la misma, implica responsabilidad de quienes tenían el deber de cuidarlo y faltaron a él, ya sea por dolo o por culpa; Los directivos al encubrir la situación actuaron contrario a la ley y en caso de ser necesario, deben ser procesados.

Pero independientemente de las sanciones penales a que haya lugar, antes que nada debe salvaguardarse la integridad de los niños y niñas que aun acuden al CENDI “Anhelo” S. C., impidiendo el funcionamiento de la institución hasta que esté plenamente garantizada la seguridad de los infantes, que parece ser lo que menos le interesa al IMSS y la SEPH.

Durante casi una semana se mantuvo en secreto la situación, lo que indica la intención de favorecer a la escuela y probablemente lograr la impunidad para quienes encubrían al presunto violador.
http://joelsan.wordpress.com